Tareas inseguras: cómo fundar la negativa a prestar servicios

1. Identificar la prestación, no sólo el riesgo

El art. 75 obliga al empleador a respetar los límites de jornada y a adoptar las medidas de seguridad que requieran el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica. La Ley 19.587 concreta deberes de prevención: entre otros, instalar y mantener resguardos de máquinas, suministrar y mantener protección personal y capacitar frente a los riesgos de la tarea. El art. 10 de esa ley también impone al trabajador deberes de cumplimiento y colaboración.

Una infracción preventiva y una negativa salarialmente protegida no son lo mismo. Para fundar esta última, el punto de partida es qué trabajo se exigió, en qué condiciones y qué medida faltaba. Luego se individualiza la vía del art. 75. No alcanza copiar el artículo ni describir una actividad como peligrosa en abstracto.

2. Peligro inminente: la prevención no espera al daño

En la primera vía, el peligro debe poder explicarse en el momento de la exigencia. Por ejemplo, si se ordenara operar de inmediato una máquina con piezas móviles accesibles porque falta el resguardo necesario, importaría describir el punto de exposición y cómo se produciría el daño. La hipótesis no requiere un accidente consumado. Tampoco se le trasladan los requisitos propios de las otras vías.

El Convenio 155 de la OIT aporta una pauta interpretativa. Su art. 13 protege frente a consecuencias injustificadas a quien interrumpe el trabajo por motivos razonables para creer que enfrenta un peligro grave e inminente para la vida o la salud, conforme a la práctica y las condiciones nacionales. El art. 19 f prevé el aviso inmediato al superior y que el empleador no exija reanudar esa situación mientras persista el peligro grave e inminente sin corrección. Importa, entonces, qué información se tenía al apartarse. Esto no resuelve por sí solo los presupuestos ni el efecto salarial del art. 75.

3. Incumplimiento tras la mora del empleador

La segunda vía exige mostrar cómo quedó configurado el incumplimiento mediante constitución en mora. En un escrito, conviene identificar la obligación concreta, el requerimiento de subsanación y su recepción, el tiempo disponible para cumplir según las circunstancias, la respuesta y la persistencia de la exigencia en condiciones inseguras.

Una comunicación fehaciente puede facilitar esa reconstrucción. No todo aviso informal constituye en mora ni existe en el art. 75 un plazo único de intimación para todos los riesgos. Tampoco corresponde esperar a que transcurra un plazo cuando el supuesto que realmente se invoca y acredita es el peligro inminente.

4. Insalubridad declarada y medidas omitidas

La tercera vía requiere identificar la declaración del organismo competente y qué trabajos o elementos dispuso, para explicar qué omitió el empleador y cómo siguió exigiendo la prestación. Debe verificarse el alcance del acto, su aplicabilidad al puesto y las condiciones o plazos relevantes.

Un acta de inspección o un informe técnico puede aportar prueba, pero no equivale necesariamente a una declaración de insalubridad. El art. 200 LCT distingue constatación, intimación administrativa y calificación fundada; esa declaración no se requiere para alegar las otras vías del art. 75. Tampoco debe confundirse rehusar una tarea con la reducción de jornada propia del régimen de insalubridad.

5. Matriz de argumentos: presupuesto, prueba y objeción

La documentación sugerida es un método de análisis, no una lista de recaudos que deban acumularse ni un modelo de intimación.

• Peligro inminente → orden concreta, momento y condición material de exposición → discutir si el daño era próximo o se alegó un riesgo genérico.
• Constitución en mora → obligación, requerimiento recibido, respuesta y persistencia del incumplimiento → discutir si el pedido fue concreto o la condición ya se corrigió.
• Insalubridad declarada → acto competente, puesto alcanzado y medida dispuesta no cumplida → discutir si existe una declaración aplicable y si la medida se ejecutó.
• En los tres supuestos → precisar tarea, lapso, medidas y alternativas → contrastar registros contemporáneos, testimonios y prueba técnica obtenidos lícitamente. No exponerse al peligro para documentarlo.

6. Qué sostiene la remuneración y qué puede limitarla

Si se cumplen los presupuestos del art. 75, la negativa no reduce ni hace perder la remuneración por ese motivo. No es una licencia general para faltar ni un régimen de reparación por accidente. La buena fe y la colaboración de los arts. 62 y 63 permiten examinar si la negativa se limitó al riesgo que la motivó, qué se comunicó y si había tareas compatibles y seguras. El art. 103 regula, además, la disponibilidad como fundamento de remuneración en su ámbito.

Una objeción seria puede mostrar que la protección ya funcionaba, que se ofreció una alternativa efectivamente segura o que no se usó un equipo disponible y adecuado. La respuesta no es que todo riesgo autoriza a dejar de trabajar: es reconstruir cuándo se corrigió el defecto, qué se ofreció y qué protección hacía falta. Entregar un equipo personal no prueba, por sí solo, que un resguardo necesario dejó de serlo.

7. La negativa y el abandono se analizan por separado

El deber de asistencia del art. 84 no borra la excepción del art. 75. A la vez, invocar seguridad no torna justificada cualquier ausencia. Si se cuestiona una sanción, el art. 67 exige proporcionalidad frente a un incumplimiento demostrado; si se discute un despido por injuria, los arts. 242 y 243 obligan a distinguir gravedad y causa comunicada.

El art. 244 exige para el abandono una intimación fehaciente de reintegro que constituya en mora al trabajador, con plazo adecuado al caso. Esa intimación no es la del art. 75 dirigida a subsanar un incumplimiento del empleador. La respuesta, la persistencia del riesgo, su corrección y la disponibilidad son relevantes para valorar la conducta: ni el envío de una intimación acredita por sí solo abandono ni su ausencia resuelve toda eventual causal de despido.

8. Alcance, vigencia y límites

Corte: 5/11/2026. El art. 75 vigente fue sustituido por la Ley 27.323, publicada el 15/12/2016 sin cláusula especial de vigencia; corresponde distinguir publicación, entrada en vigor y aplicación temporal conforme a los arts. 5 a 7 del CCyC. La Ley 27.802, publicada el 6/3/2026, modificó el ámbito de aplicación del art. 2 LCT, pero no sustituyó ni derogó el art. 75. Esta guía se limita a relaciones alcanzadas por la LCT; no extrapola a regímenes especiales.

El Decreto 351/79 reglamenta la Ley 19.587, con reglamentos diferenciados para construcción, actividad agraria y minería. La medida técnica, la autoridad competente y el procedimiento aplicable se verifican según actividad y lugar. La nota no formula una conclusión sobre un caso ni resuelve vías procesales, prestaciones de ART o procedencia de un despido indirecto.

Contenido académico e informativo. Su aplicación exige verificar la normativa vigente y las circunstancias del caso concreto