Ley de Tierras: qué suspendió la Corte y qué quedó pendiente en Árbol de Pie

1. Qué se pidió y por qué el expediente llegó a la Corte

Los actores promovieron un amparo colectivo para obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del artículo 154 del DNU 70/2023 y solicitaron su suspensión cautelar. El artículo cuestionado derogó la Ley 26.737, relativa al dominio y posesión de tierras rurales por personas extranjeras. La demanda invocó, entre otros fundamentos, la protección ambiental del artículo 41 de la Constitución.

Según el relato del propio fallo, el juzgado federal de San Carlos de Bariloche remitió la causa a la Sala III de la Cámara Federal de La Plata por su posible relación con el proceso C.E.C.I.M. La Plata, sin resolver la cautelar. La cámara envió a su vez las actuaciones a la Corte junto con ese otro expediente. La mayoría observó que no se habían resuelto los planteos de esta demanda ni precisado la relación procesal entre ambas causas.

El 30 de septiembre de 2026 los actores pidieron que continuara el trámite y se tratara la protección solicitada. La Corte encontró que no existía una acción o recurso que habilitara su competencia ordinaria o extraordinaria y dispuso devolver el expediente. Esa conclusión procesal es compartida por la disidencia; el desacuerdo aparece en la protección que podía dictarse antes de la devolución.

2. La decisión: suspensión interina, no sentencia de fondo

El dispositivo ordena suspender interinamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación procesal de todos los actores y examine la medida cautelar solicitada. También remite las actuaciones al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche para que continúe la tramitación. La condición debe conservarse completa: no basta mencionar genéricamente que rige hasta una nueva decisión.

La Corte no anuló el DNU 70/2023, no declaró inconstitucional su artículo 154 ni resolvió definitivamente la demanda. Tampoco sustituyó el examen de la cautelar pedida por los actores por un reconocimiento definitivo de sus presupuestos. La orden incide provisionalmente en los efectos de la norma derogatoria, pero no autoriza a afirmar que el régimen de tierras quedó restablecido de manera irreversible o que cualquier operación concreta es válida o inválida.

El documento registra las firmas de Horacio Daniel Rosatti, Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Ignacio Pérez Curci y Diego Gustavo Barroetaveña en la decisión mayoritaria y una disidencia parcial de Carlos Fernando Rosenkrantz. Esta nota se limita a identificar las firmas expuestas en la fuente oficial; no presume actos posteriores ni firmeza.

El límite que debe conservar una cita

La medida interina y el reenvío no resuelven legitimación, procedencia de la cautelar ni constitucionalidad de fondo. El fallo vincula su duración al pronunciamiento y examen que encomienda al juez competente.

3. Fundamento decisivo de la mayoría: una respuesta que no puede diluirse en el trámite

Los considerandos 7 a 11 enlazan la tutela judicial efectiva con el recorrido defectuoso del expediente, que dejó sin respuesta la pretensión urgente. La mayoría procura impedir que esa situación procesal torne ineficaz la intervención del juez competente por la producción de daños de difícil reparación. Este es el contexto del recurso a una protección interina excepcional, no una habilitación general para prescindir de las reglas de competencia.

La decisión cita las facultades del artículo 32 de la Ley General del Ambiente y previsiones de los artículos 2.2 y 4.1 de la Ley 26.854 sobre tutela urgente. También toma en cuenta el acceso amplio y efectivo a la justicia ambiental del Acuerdo de Escazú, incluidas las medidas cautelares y provisionales. La nota identifica esas referencias como fundamentos utilizados por el tribunal: no equipara todas las medidas ambientales ni afirma que su procedencia sea automática.

Como lectura editorial, el precedente permite argumentar que una controversia sobre radicación o articulación de procesos no debe dejar indefinidamente sin tratamiento un riesgo urgente. Para trasladarlo a otro escrito hay que mostrar qué actuación quedó pendiente, qué peligro produce la demora y por qué la medida pedida conserva una posibilidad real de tutela. La sola invocación del ambiente no reemplaza esa explicación.

4. La objeción de Rosenkrantz: competencia y peligro concreto

Rosenkrantz coincide en devolver la causa a Bariloche, pero no en suspender interinamente la norma. Su disidencia sostiene que la Corte no puede ampliar su competencia originaria fuera del artículo 117 de la Constitución y que corresponde a los tribunales inferiores pronunciarse primero, incluida la pretensión cautelar. La falta de competencia no queda superada por la sola importancia del asunto.

Además, objeta que se encuentren demostrados los presupuestos excepcionales de la tutela adoptada. Distingue la preocupación por la integridad territorial y la adquisición de tierras por extranjeros de un peligro ambiental concreto. La nacionalidad del propietario no demuestra por sí misma un riesgo de daño: las obligaciones ambientales alcanzan también a los propietarios nacionales.

La disidencia exige fundamentar la urgencia y la gravedad del peligro, sin convertir el artículo 32 de la Ley 25.675 en una dispensa de esos recaudos. Esta objeción resulta útil incluso para quien invoca la mayoría: obliga a identificar el bien ambiental, el mecanismo del posible daño, su conexión con la conducta o norma y la razón por la que el trámite ordinario sería insuficiente. No corresponde presentar como unánime una solución cuya medida de protección fue discutida.

5. Normas citadas y cautelas de aplicación

El artículo 154 del DNU 70/2023 dispone la derogación de la Ley 26.737. El decreto fue publicado el 21 de diciembre de 2023 y la Ley de Tierras el 28 de diciembre de 2011. La cuestión de esta nota es el efecto interino que el pronunciamiento del 9 de octubre de 2026 atribuye a esa derogación; no se reconstruye aquí todo el régimen de adquisiciones rurales, sus porcentajes, excepciones o reglamentaciones, ni se emite una opinión sobre una operación particular.

El artículo 32 de la Ley General del Ambiente reconoce facultades judiciales ordenatorias y medidas urgentes, incluso de oficio. Debe leerse con sus observaciones de promulgación: la frase relativa a extender la sentencia a cuestiones no sometidas expresamente fue observada por el Decreto 2413/2002. No se la utiliza aquí como derecho vigente ni como fundamento para resolver fuera de la controversia.

La Ley 26.854 regula cautelares en causas donde interviene el Estado nacional. Su artículo 2 distingue la regla de abstención por incompetencia de excepciones de protección, incluido el ambiente; el artículo 4 contempla una medida interina ante circunstancias graves y objetivamente impostergables. Su artículo 19 contiene una regla especial para el amparo de la Ley 16.986. Por eso las citas del fallo no permiten afirmar que todo su articulado se aplica indistintamente a cualquier amparo ni reemplazar la condición temporal específica del dispositivo por un plazo genérico.

Escazú, aprobado por Ley 27.566, contempla acceso a la justicia ambiental y medidas cautelares y provisionales, junto con mecanismos para reducir barreras. Estas pautas deben articularse con la competencia y los presupuestos del proceso, no presentarse como una sentencia anticipada favorable a toda demanda ambiental. El contrapunto entre ambos votos muestra precisamente esa tensión.

6. Pieza de apoyo: qué está decidido y qué debe comprobarse

Este mapa editorial separa los planos del pronunciamiento. No agrega órdenes ni plazos al dispositivo y permite preparar una cita sin extenderla más allá de lo resuelto.

• Radicación → la Corte devuelve el expediente al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche → no equivale a admitir la demanda ni la legitimación.
• Protección inmediata → la mayoría suspende interinamente los efectos del art. 154 → no declara su inconstitucionalidad ni anula el DNU completo.
• Condición de duración → pronunciamiento sobre legitimación de todos los actores y examen de la cautelar por el juez competente → revisar actuaciones posteriores antes de afirmar que la medida sigue operativa.
• Petición cautelar → debe ser examinada en la instancia competente → la medida interina no dispensa de fundar peligro, conexión con el derecho y alcance solicitado.
• Fondo → permanece pendiente en el pronunciamiento comentado → no inferir la solución constitucional futura.
• Disidencia → admite el reenvío, cuestiona la suspensión → anticipar las objeciones de competencia y falta de riesgo ambiental concreto.

7. Alcance, argumentos accesorios y límites para otros litigios

La mayoría agrega consideraciones institucionales sobre la función judicial y aclara que no modifica el criterio seguido en C.E.C.I.M., dadas las distintas circunstancias procesales. Esas observaciones no reemplazan el fundamento decisivo de la medida ni autorizan a utilizar dos expedientes como si tuvieran idénticos actores, objeto y recorrido. Las referencias a C.E.C.I.M. en esta nota describen únicamente cómo aparece como antecedente dentro del fallo leído; no son un comentario autónomo de esa otra sentencia.

La lectura favorable destaca que una sucesión de remisiones no puede vaciar la tutela urgente. La interpretación contraria, expresada por la disidencia, insiste en que ni la urgencia ni la materia ambiental permiten crear competencia o presumir daño. Un escrito serio debe hacerse cargo de ambas posiciones y justificar por qué su caso comparte —o no— el déficit procesal y el riesgo considerados por la mayoría.

Corte de consulta: 13/10/2026. El análisis se apoya en las trece páginas del original oficial y en las normas enlazadas. La firmeza y las actuaciones posteriores ante el juzgado no están informadas en las fuentes consultadas; esto no equivale a afirmar que no existen. Antes de invocar la suspensión como operativa debe verificarse si se cumplió la condición establecida. No se promete resultado ni se extiende automáticamente la solución a otras jurisdicciones o situaciones.

La escena es una recreación editorial ficticia: no representa a litigantes, jueces, clientes ni un inmueble del expediente. Contenido académico e informativo. Su aplicación exige verificar la normativa vigente y las circunstancias del caso concreto.