Carga dinámica de la prueba: cuándo pedirla y por qué no opera automáticamente

1. El punto de partida: cada hecho necesita una regla de prueba

La carga de la prueba cumple una función práctica cuando, después de producirse la evidencia, permanece incertidumbre sobre un hecho relevante. En el proceso civil y comercial nacional, el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación atribuye la carga a quien afirma un hecho controvertido y exige a cada parte probar el presupuesto fáctico de la norma que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

La expresión “carga dinámica” no debería reemplazar ese análisis. Antes de discutir quién estaba en mejores condiciones de probar, corresponde identificar el hecho concreto, su relevancia para la norma aplicable y la regla especial que eventualmente modifica el punto de partida.

Esta individualización evita tratar la demanda o la defensa como bloques indivisibles. Una parte puede soportar la carga sobre la existencia del daño y otra encontrarse en mejor posición para acreditar la diligencia observada en un procedimiento técnico.

PRIMERA PREGUNTA

No alcanza con preguntar quién tiene más información. Primero debe precisarse qué hecho está controvertido y qué consecuencia jurídica depende de él.

2. Qué permite —y qué limita— el artículo 1735

El Código Civil y Comercial establece en el artículo 1734 que, salvo disposición legal, quien alega un factor de atribución o una circunstancia eximente debe probarlo. A continuación, el artículo 1735 permite al juez distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se encuentra en mejor situación para aportarla.

El ámbito textual de la facultad es relevante. El artículo 1736 mantiene como regla que quien alega la relación de causalidad debe probarla, salvo imputación o presunción legal, y atribuye a quien la invoca la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad. El artículo 1744 exige acreditar el daño a quien lo invoca, salvo imputación, presunción o notoriedad.

Por eso, invocar el artículo 1735 exige explicar si el hecho discutido integra la culpa o la diligencia. Extenderlo al daño, a la causalidad o a otro presupuesto requiere una fuente normativa diferente o una argumentación específica que no puede darse por supuesta.

LÍMITE TEXTUAL

La facultad del artículo 1735 recae sobre culpa y diligencia; no formula una inversión general de todas las cargas del litigio.

3. Cómo justificar la mejor posición probatoria

La mejor posición debe examinarse respecto de una evidencia determinada. Puede depender del control de archivos, registros informáticos, protocolos, trazabilidad, documentación interna, equipos, personal especializado o información técnica que razonablemente no se encuentra al alcance de la contraparte.

La comparación no se agota en señalar una asimetría económica o profesional. Conviene mostrar quién generó el registro, quién lo conserva, si puede obtenerse por otra vía, qué pedidos previos fueron formulados y qué obstáculos concretos impiden producirlo sin intervención judicial.

También importa la conducta de quien solicita la distribución. La herramienta no debería sustituir la prueba accesible: acompañar documentos propios, pedir informes disponibles, individualizar archivos y conservar evidencia fortalece la explicación de por qué el elemento restante se encuentra bajo control ajeno.

4. Oportunidad, comunicación y derecho de defensa

El segundo tramo del artículo 1735 prevé que, si el juez lo considera pertinente, debe comunicar durante el proceso que aplicará el criterio, de modo que los litigantes puedan ofrecer y producir elementos de convicción para su defensa. La norma vincula la distribución con una oportunidad real de adaptación probatoria.

Una aplicación planteada por primera vez al sentenciar puede generar una objeción concreta si la parte afectada no tuvo ocasión de conocer qué hecho debía probar ni de ofrecer la evidencia correspondiente. El agravio no debería formularse sólo en abstracto: conviene indicar qué prueba habría podido producirse, cuándo debía habilitarse y de qué manera la falta de aviso incidió en la defensa.

Del otro lado, solicitar la distribución durante la etapa probatoria permite que el tribunal individualice el hecho, sustancie el pedido y adopte medidas compatibles con el régimen procesal aplicable.

5. Colaboración, presunciones y reglas especiales en consumo

El artículo 53 de la Ley 24.240 dispone que los proveedores deben aportar al proceso los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, y prestar la colaboración necesaria para esclarecer la cuestión debatida. La disposición atiende una asimetría frecuente: contratos, grabaciones, historiales, registros técnicos y circuitos internos suelen permanecer bajo control del proveedor.

Su texto impone una obligación probatoria propia, pero no declara literalmente que el consumidor quede dispensado de individualizar la relación, el hecho que invoca y la conexión de la evidencia pedida con su pretensión. En el ámbito del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 388 ofrece una consecuencia específica para documentos: luego de una intimación, la negativa puede generar una presunción adversa cuando otros elementos vuelven manifiestamente verosímiles su existencia y contenido.

También deben distinguirse las reglas sustantivas especiales. En daños causados por el vicio o riesgo de la cosa o del servicio, el artículo 40 de la Ley 24.240 establece que sólo se libera total o parcialmente quien demuestre causa ajena. Esa asignación concreta no proviene del deber general de colaboración del artículo 53 ni autoriza a trasladarla a cualquier reclamo.

DISTINCIÓN

Colaborar, soportar una carga sobre un hecho y desvirtuar una presunción son figuras diferentes: primero debe identificarse cuál opera en el caso.

6. Interpretación favorable y lectura contraria

Una lectura amplia sostiene que la finalidad protectoria del derecho del consumidor exige valorar con especial rigor la falta de producción de documentos que sólo el proveedor controla. Esa posición evita que la asimetría informativa vuelva imposible el ejercicio del derecho y encuentra apoyo directo en el deber de aporte del artículo 53.

La interpretación contraria advierte que transformar ese deber en una inversión total podría tener por acreditados hechos ajenos al contenido de los registros omitidos y afectar la defensa. Desde esta perspectiva, la colaboración no elimina la necesidad de construir el supuesto fáctico de la pretensión ni suple prueba que estaba al alcance del consumidor.

Ambas preocupaciones pueden conciliarse mediante un análisis hecho por hecho: identificar la información controlada, ordenar su producción con contradicción, valorar la respuesta y limitar cualquier consecuencia a aquello que esa evidencia podía razonablemente esclarecer.

• Artículo 377 CPCCN: regla general en el proceso civil y comercial nacional.
• Artículo 1735 CCyC: facultad específica respecto de culpa o diligencia.
• Artículo 53 LDC: deber del proveedor de aportar elementos en su poder y colaborar.
• Artículo 40 LDC y artículo 388 CPCCN: reglas específicas con presupuestos propios.

7. Mapa de decisión para una petición concreta

Una solicitud útil puede organizarse como un mapa de siete datos. Ese orden permite que el tribunal examine la necesidad de la medida sin desplazar cargas de manera abstracta y funciona también como control para quien debe contestarla.

• Hecho: formular una proposición fáctica precisa y controvertida.
• Regla: indicar si se invoca el artículo 1735, el artículo 53 u otra disposición aplicable.
• Fuente: individualizar el documento, registro, sistema, persona o conocimiento técnico pertinente.
• Control: explicar por qué la contraparte genera, conserva o puede obtener esa evidencia.
• Diligencia: detallar qué medios propios ya fueron producidos o intentados.
• Medida: pedir exhibición, informe, intimación, pericia u otra actuación procesal concreta.
• Contradicción: proponer una oportunidad que permita ofrecer y controlar la prueba.

PIEZA DE APOYO

Hecho → regla aplicable → fuente → control → diligencia propia → medida concreta → oportunidad de contradicción.

8. Límites, ámbito y fecha de corte

La distribución probatoria no resuelve por anticipado el mérito del caso, no convierte la ausencia de un documento en admisión automática y no autoriza a extender una consecuencia más allá del hecho al que la evidencia se vinculaba. Tampoco elimina reglas sobre pertinencia, confidencialidad, datos personales, secreto profesional o imposibilidad material, que deben abordarse mediante las salvaguardas correspondientes.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación rige en su ámbito propio. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con regímenes procesales que pueden establecer oportunidades, facultades y consecuencias diferentes. Antes de trasladar esta guía a un escrito debe verificarse la norma local y la etapa del expediente.

Fecha de corte: 6 de agosto de 2026. Contenido académico e informativo. Su aplicación exige verificar la normativa vigente y las circunstancias del caso concreto.